Proexport vuelve a exigir al Gobierno central las obras contempladas en su plan de eliminación de vertidos "para de una vez por todas reducir las escorrentías por lluvias desde zonas altas, drenar las aguas del acuífero en su área de conexión con el Mar Menor y gestionar su desnitrificación y la de la red de pozos prevista para poner esa agua a disposición de los agricultores".

Su presidente, Juan Marín, habla del decreto ley como de una "regulación de los usos agrarios sin parangón en ninguna otra zona de producción hortofrutícola de España y probablemente de Europa", pese a que el área cultivada en el continente está "plagada de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos".

"El reto medioambiental y agronómico que este decreto plantea al sector es de tal calibre que bien podríamos decir que en el futuro la agricultura del Campo de Cartagena-Mar Menor será sostenible o no será", pues la sitúa "ante un reto mayúsculo" que está determinada "a superar por responsabilidad social y compromiso regional", dice.

Pendiente de un análisis del texto legal más detenido, añade que la regulación de minería, turismo, urbanismo, pesca o puertos "confirma que han tenido en décadas fuertes efectos contaminantes en el Mar Menor que había que frenar, aunque tanto la ley anterior 1/2018 como la opinión pública, política y algunos grupos ecologistas se empecinaron en señalar como único culpable" al agro.